El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que, en nuestro país el 6% de la población cuentan con una discapacidad que los obliga, día con día, a contender por una debida y digna inclusión social, que va desde la movilidad en su ciudad hasta la accesibilidad de la educación.
Mientras tanto el Consejo Nacional para la Evaluación Política de Desarrollo Social, situó a 74.9% de personas con discapacidades en condición de pobreza, de los cuales 9.8% se cataloga como pobreza extrema, frente al 7.4% de pobreza extrema de todo el país.
La obtención de empleos decoros es una de aquellas contiendas que casi 7.7 millones de personas con discapacidad luchan en condiciones desventajosas impuestas por estereotipos negativos y sesgos sociales que limitan su desarrollo socioeconómico.
La Organización Impunidad Cero realizó una investigación publicada en el año 2018 en la que se desprendió que sólo el 39.1% de las personas discapacitadas gozaban con un empleo, ganando un 33.5% menos que las personas que no cuentan con una discapacidad, es decir, reciben únicamente 66.5% de lo que al resto se le cubre por la realizar las mismas actividades. Además, alertó que, entre personas con discapacidades, los hombres tienen el doble de posibilidades de obtener un trabajo, en comparación a las mujeres. Tal información, tratándose de personas con dificultades físicas, no mentales o cognitivas, de los cuales sus porcentajes de empleabilidad son mucho más bajos.
En otras palabras, aunado a la complejidad de encontrar un trabajo, las personas con discapacidad que logran encontrarlo, lo hacen en puesto con bajos salarios o sin una remuneración adecuada. Por ello, la mayor parte opta hacerse de ingresos provenientes de programas sociales. Sin embargo, esto no soluciona nuestro problema social.
Desde hace algunos años, han sido creadas diversas campañas gubernamentales a efecto de incluir laboralmente a personas con discapacidad, personas de la tercera edad, mujeres y jóvenes, siendo estos los grupos sociales más obstaculizados en cuanto a oportunidades de trabajo que los permitan crecer, o al menos, obtener una igualdad de condiciones. No obstante, según encuestas ejecutadas por la OCCMundial, sólo 4 de cada 10 empresas en México contemplan su responsabilidad de inclusión laboral a grupos vulnerables.
Recientemente, la Secretaría de Previsión Social y del Trabajo propuso la renovación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2020-2024, quien lo coordinará en conjunto con las Secretarías de Salud y Educación. Entre los objetivos del programa, se encuentran cuatro puntos estratégicos:
1.- Luchar contra la discriminación con perspectiva de género, generando registros estadísticos y promoviendo el uso del Sistema VALPAR (método de evaluación de habilidades laborales, realizado por parte de instituciones gubernamentales).
2.- Mayor coordinación interinstitucional, que procurara, por ejemplo, seguir creando programas de mantenimiento y mejoras de infraestructura para personas con discapacidades.
3.- Formación, capacitación y adiestramiento en el trabajo que promueva la integración de personas con discapacidad en los centros de trabajo, así como en los diferentes programas de empleo lanzados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
4.- Creación de programas educativos que tenga como finalidad el desarrollo de competencias laborales a personas con discapacidades.
Así, únicamente queda obtener una respuesta acogedora por parte de los empleadores, ya sean públicos y privados, que permitan la verdadera inserción laboral de las personas con discapacidades, eliminando los dolorosos impedimentos actitudinales creados por nuestra propia mano, que hasta el momento no han podido ser completamente desvanecidos.
“Nuestras dolencias nos ayudan de modo inesperado”
William James
